El gobierno de Coahuila solicitó al Congreso estatal contratar uno o varios créditos bancarios por un monto total de 950 millones de pesos, que se suman a la deuda de 30 mil millones de pesos, para cubrir las tranzas de su hermano incomodo.
El gobernador Rubén Moreira, quien sucedió a su hermano Humberto en el cargo, envió un proyecto de decreto al Poder Legislativo para la obtención de los empréstitos con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Sociedad Nacional de Crédito e Institución de Banca de Desarrollo.
Luego de turnar el proyecto a la Comisión de Finanzas para su análisis y posterior dictamen, el secretario de Finanzas, Jesús Ochoa Galindo, afirmó que de aprobarse “será un intercambio de deuda cara por deuda más barata”.
Explicó que la solicitud del préstamo obedece a la creación, por parte del gobierno federal, del Fondo de Apoyo para la Infraestructura y Seguridad, por un monto de cuatro mil millones de pesos, autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2012.
Según Ochoa Galindo, el objetivo de ese fondo es potencializar los recursos en alrededor de 20 mil millones de pesos de financiamiento para los estados a través de la compra de Bonos Cupón Cero, que son a fondo perdido y de los que únicamente se pagan intereses.
Añadió que en diciembre de 2011 Banobras autorizó el Programa de Financiamiento para la Infraestructura y Seguridad de los Estados (PROFISE), para instrumentar créditos destinados a inversiones de proyectos en ejecución o nuevos proyectos, o bien para el pago de pasivos bancarios.
Refirió que el 2 de enero pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) constituyó el “Fideicomiso 2198” para la administración de los recursos, y en el mismo mes se aprobaron sus reglas de operación.
Por eso, dijo Ochoa Galindo, la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado solicitó al Congreso local su autorización para contratar ese crédito, mismo que sería empleado en dos diferentes vertientes: prepago de créditos bancarios e inversión en infraestructura en seguridad.
El secretario de Finanzas de Coahuila aseguró que se obtendrán “importantes beneficios” para el gobierno, dadas las mejoras en las condiciones, comparadas con los créditos que actualmente se tienen con la banca comercial.
De hecho, la mayor parte del crédito, si se aprueba, sería para pagar pasivos bancarios. De los 950 millones de pesos solicitados, 608 millones serían utilizados para ese fin.
El resto, 342 millones, sería para inversión en infraestructura de seguridad en ejecución.
En septiembre pasado, Rubén Moreira anunció que su gobierno iniciaría una renegociación de los pasivos contraídos durante la administración de su hermano Humberto.
No obstante, insistió en que se trataba de aprovechar las condiciones financieras, por lo que no había prisa para reestructurar la deuda.
“Es que vamos a intentarlo después de un año de gobierno, como un ejercicio para tratar de mejorar las condiciones, pero insisto, no es una cosa que se haga o no porque urge hacerlo, no”, mencionó.
Añadió:
“Es una práctica de todos los días. Como es una práctica la de mañana, de revisar nuestra nómina y de revisar nuestros gastos y de revisar situaciones que podemos mejorar, que nos den competitividad”.
En noviembre pasado, el periódico Reforma dio a conocer que el entonces presidente nacional del PRI, Humberto Moreira, fue enterado como gobernador de Coahuila de la petición de deuda por 2 mil 100 millones de pesos tramitada con escritos falsificados.
El diario publicó que Jaime René Jiménez Flores, exdirector de deuda pública de entidades y municipios, firmó los documentos con copia para Humberto Moreira.
Se trata de dos oficios, uno que respalda un crédito por mil 650 millones de pesos y otro por 550 millones de pesos.
Reforma citó:
“En ese texto se hace referencia a que la deuda fue avalada po el Congreso local con el decreto 592 el 2 de noviembre de 2009 y publicado en el Diario Oficial del Estado el 24 de ese mismo mes.
“Ese decreto, el 592, es el que Hacienda detectó como falso, pues el original no se refiere al aval de la deuda, sino a la autorización para dar una pensión de 5 mil 300 pesos a una particular.
“Al banco se le informó que el decreto aprobatorio era el 510 para garantizar una deuda por 15 años. Lo que se dijo a Hacienda fue que el decreto era el 592 y daba un plazo de siete meses para pagar el crédito”.
Luego de conocerse esa información, miembros de la asociación civil Claridad y Participación Ciudadana, con el respaldo del PRD y del PT, interpusieron en una demanda de juicio político en contra de Humberto Moreira por la “contratación irregular” de la mega deuda de casi 34 mil millones de pesos.
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