Así lo informaron representantes de más de 70 organizaciones que integran la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, que presentaron el Informe sobre la situación de tortura en México que será presentado ante el Comité contra la Tortura (CAT) de la Naciones Unidas; en cuyo contenido se evidencia que esta práctica sigue siendo común y sistemática en el sistema de justicia nacional.
Jahtziri Chong Magallanes
Durante el sexenio del presidente Felipe Calderón se han duplicado los casos de tortura esto a pesar del discurso del gobierno en torno a la supuesta erradicación de este delito, por parte de elementos del Ejército Mexicano.
Así lo informaron representantes de más de 70 organizaciones que integran la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, que presentaron el Informe sobre la situación de tortura en México que será presentado ante el Comité contra la Tortura (CAT) de la Naciones Unidas; en cuyo contenido se evidencia que esta práctica sigue siendo común y sistemática en el sistema de justicia nacional.
En ese sentido, Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red, destacó que de acuerdo a datos de la CNDH, la Sedena en 2006 recibió cerca de 182 quejas, mientras que el 2011, se presentaron, mil 626, pero tan solo en el primer semestre del 2012, se ha presentado casi la misma cifra que en todos los años anteriores con mil 1164 quejas, siendo el Ejercito el que se encuentra en los primeros lugares por violaciones a derechos humanos. Y la tortura se aplica tanto en mujeres como en hombres, así como en migrantes y activistas.
Sin embargo, subrayaron que no existen cifras exactas toda vez que no se cuenta con un registro nacional, además, que por miedo a represalias, los casos no se denuncian
“El modus operandi recurrente por parte de las fuerzas de seguridad comienza por la detención arbitraria sin orden judicial por parte de policías o militares en ocasiones vestidos de civiles, que suben a la victima en vehículos utilizando toda la fuerza para trasladarlos a bases militares y ahí ser sometidos o torturados y amenazados.
Los métodos de tortura son: golpizas, intentos de asfixia, descargas eléctricas, simulacros de ejecución, el vendaje de ojos, atadura de extremidades y amenazas de muerte tanto personales como de familia para obligar a la victima a autoinculparse.
Y en los casos registrados por la sociedad civil, la mayoría de los detenidos no tienen relación alguna con los delitos que se les acusan. Y los detenidos pasan días sin tener contactos con familiares, un abogado defensor ni son presentados ante la autoridad judicial.
En su momento, Javier Enriquez, del Colectivo contrala Tortura o la Impunidad, afirmó que desde el inicio de la llamada “guerra contra el crimen organizado” los casos de tortura van a la alza, ya que la estructura de las corporaciones policiacas y su marco legal aún presentan fallas fundamentales que no permiten al Estado mexicano cumplir cabalmente con sus obligaciones internacionales contraídas al firmar la Convención contra la Tortura.
“ Y que a pesar de que las reformas constitucionales han significado un avance importante, aún no han logrado cumplir con su objetivo, lo que demuestra la resistencia de las autoridades mexicanas para erradicar la práctica de la tortura, un ejemplo de ello, es el estado de Guerrero donde la tortura es un delito, pero las denuncias siguen siendo investigados bajo el tipo penal de abuso de autoridad y lesiones.
Ante la herencia que dejará el gobierno calderonista, exigirán al gobierno del EPN, que atienda los pendientes y deudas en esta materia, ya que tendrá que responder ante la sociedad mexicana y la comunidad internacional. En ese sentido, Saúl Sánchez, integrante de la Red, urgió al Estado para que poco a poco se vaya erradicando este delito.
“ Entre las recomendaciones al nuevo gobierno está el asegurar quelas reformas secundarias como la ley de amparo, códigos penales y procesales, estén apegadas a los principios constitucionales y convencionales para garantizar los derechos de las personas a no ser torturadas; que todo poder judicial aplique adecuadamente la reforma constitucional en materia de derechos humanos; implementar en todas las entidades federativas la reforma penal en materia de justicia penal y armonizar el tipo penal de tortura en todas las legislaciones federales y estatales conforme a la CAT.
Asimismo, para el sistema de justicia penal, el uso de la prisión preventiva de manera excepcional y no como regla, erradicar la aplicación de la figura del arraigo y por ende eliminarla de la legislación, garantizarla no valoración de pruebas obtenidas; contar con un sistema nacional de registro de detenidos, así como de investigaciones; iniciar investigación de oficio, revertir la carga de prueba de los hechos de tortura; conducir las investigaciones con la debida diligencia y eliminar la aplicación del fueron militar, entre otras.
Finalmente, comentaron que México será evaluado el próximo 31 de octubre y 1ro de noviembre por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT) con sede en Ginebra, Suiza.
Para esta revisión tanto el Estado Mexicano como las organizaciones de la sociedad civil han enviado una larga lista de insumos que demuestran la amplitud y gravedad de esta problemática en el país
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