Las críticas a la prácticamente inútil Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (Províctima) se multiplican. Quienes acuden a ella son recibidos pero no encuentran solución a sus problemas. Proceso detectó que el personal de la dependencia no sólo carece de capacitación, sino que proviene de la PGR, la Sedena e incluso del Cisen, como presumen dos empleados. “Ese edificio tan grande –el de Províctima– no sirve para nada”, afirma una de las víctimas.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Cuando la comerciante tabasqueña Irma Monroy Torres acudió a las oficinas de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (Províctima) en la Ciudad de México a pedir ayuda porque su familia era perseguida por Los Zetas, fue atendida por un militar al que narró su historia. Y él envió un reporte de su caso… a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Me pasaron con un coronel que prácticamente no me creyó. Estábamos en contacto por correo electrónico con ese militar que tienen en Províctima y me mandó por accidente un correo que había enviado a la Sedena, en el que se refería a nosotras, que éramos unas víctimas fingidas, que no nos creía. Eran tres renglones. Pero el correo desapareció de mi cuenta. A mí se me hace que la hackeó, porque ya no apareció”, dice Irma.
La joven de 27 años que se acredita como egresada de Comercio Internacional del Tecnológico de Monterrey expone a Proceso la revictimización que su familia sufrió desde noviembre de 2011, cuando rafaguearon en las inmediaciones de su casa al empleado Trinidad Hernández Bautista.
Desde entonces, relata, junto con su madre y su hermana han andado a salto de mata, pidiendo ayuda inútilmente. Fueron desairadas por la Procuraduría tabasqueña, la PGR, la Sedena, Presidencia de la República y hasta por el organismo creado este sexenio para la atención de víctimas.
Irma Monroy muestra un papel con logotipo de Províctima, con formato preelaborado, en el cual manifiesta su conformidad “por la asesoría recibida el día de la fecha (24 de febrero de 2012)”, que consistió, según admite, en la integración de una averiguación previa y medidas de protección. Pero la engañaron, dice: “Te hacen firmar antes de ayudarte, pero nunca volvieron a recibirme”.
No es raro que integrantes de las secretarías de Seguridad Pública Federal, Marina, Defensa y Gobernación, además del Sistema Nacional de Seguridad Pública o de la Procuraduría General de la República, respondan las llamadas telefónicas o atiendan personalmente a la gente que solicita ayuda a Províctima.
La mayoría del personal de esta procuraduría, creada por decreto presidencial en noviembre de 2011 para atender a las víctimas de delitos de alto impacto (secuestros, desapariciones, extorsiones u homicidios) durante la lucha emprendida por Felipe Calderón contra el narcotráfico, proviene de las Fuerzas Armadas y de las instancias de procuración de justicia.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y organizaciones civiles han documentado violaciones a los derechos humanos cometidos por funcionarios de esas dependencias, que reiteradamente son cómplices o autores de los crímenes que las víctimas denuncian en instancias como Províctima.
Personal castrense
Cuando la reportera solicitó en el conmutador de la dependencia que le hicieran un enlace al área de transparencia, al otro lado de la línea contestó una persona que se identificó como el “teniente Hernández”. El militar se disculpó porque transfirieron la llamada a un área equivocada. Entonces se escuchó cuando preguntaba a otro funcionario por la extensión de un tal “teniente coronel”, y ahí transfirió la llamada. En otra ocasión contestó a esta reportera un tal “capitán Palafox”.
Integrantes de las Fuerzas Armadas están incrustados en altos cargos dentro del organigrama de la instancia que brinda atención a las víctimas.
Todas las solicitudes de información pública sobre el funcionamiento interno de la dependencia son revisadas por el militar Gustavo Baltasar Guerrero, que cuando firma documentos o contesta el teléfono se presenta como “licenciado” y se quita su cargo castrense.
El centro de atención telefónica, que recibe llamadas de toda la República de personas que solicitan ayuda, es coordinado por el marino Leopoldo Hernández López.
El jefe de psicólogos, Jesús Moreno, proviene de la Secretaría de Seguridad Pública y estuvo asignado a Ciudad Juárez después de la masacre de Villas de Salvárcar.
Lilia Rebeca Valdés Arellano, la mujer que documenta las desapariciones de personas cobra directamente en la oficina de Presidencia de la República. Ha hecho su carrera de la mano de Felipe Calderón, ya sea en el PAN o en la Cámara de Diputados.
Estos son algunos de los resultados del cruce de la lista de empleados de Províctima solicitada por Proceso a través de la Ley Federal de Transparencia, y del historial que exhibe Declaranet sobre cada funcionario.
En el cruce de información es posible detectar que el marino Hernández, encargado de la atención telefónica, fue Jefe de Seguridad de la Heroica Escuela Naval Militar.
Llama la atención también que en la Subprocuraduría Jurídica de Províctima labora Eric Suzan Reed, un hombre que de 2008 a 2010 trabajó en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el órgano de espionaje de la Secretaría de Gobernación, donde fue coordinador de Operación Estratégica y subdirector de las áreas de Estudios Estratégicos y de Estrategias Políticas. Algunas de sus funciones –según Declaranet– consistieron en coordinar asuntos estratégicos y elaborar el programa para la seguridad nacional. Posteriormente fue directivo en el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El empleado Hugo Sergio Arévalo trabajó directamente en la oficina del titular de la SSP, Genaro García Luna. Su sueldo proviene de Presidencia de la República.
El empleado Jaime Ramírez Niño, del área de Sistemas, pasó antes por la empresa Hildebrando –vinculada a la familia de Margarita Zavala, la esposa de Calderón–, luego laboró en la PGR.
En las oficinas centrales de Províctima los pisos 3, 5 y 10 están llenos de trabajadores de PGR.
(Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1875, ya en circulación)
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