Resulta sospechoso que el prian este tan interesado en destruir toda la evidencia que pueda corroborar el fraude electoral tanto del 2006 como del 2012.
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El alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, inició este lunes el trámite de la demanda presentada por la revista Proceso en contra de la decisión del Estado mexicano de destruir toda evidencia de la elección de Felipe Calderón como presidente.
La sección de Peticiones e Investigaciones del Alto Comisionado informó que la demanda del director de la revista, Rafael Rodríguez Castañeda, se apoya en el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU.
El Protocolo fue admitido sin reservas por México el 15 de marzo de 2002, durante el gobierno del antecesor de Calderón, Vicente Fox, 36 años después de que se sometiera a adhesión a los firmantes del Pacto.
El pasado jueves 25, Rodríguez Castañeda presentó ante el Comité de Derechos Humanos una denuncia en contra del Estado mexicano por considerar que la decisión del Instituto Federal Electoral (IFE) de destruir todo registro de la elección presidencial de 2006 viola sus derechos humanos protegidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En su escrito a la ONU, publicado en el número actual de Proceso (1778), el director del semanario se quejó de la falta de recursos legales en México para garantizar que cualquier ciudadano acceda a la información electoral, como decidieron el propio IFE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Rodríguez Castañeda dice también que al negar ese acceso, México viola el artículo 19 del Pacto Internacional, referido al derecho universal de buscar, recibir y difundir informaciones, sin que en el caso operen restricciones relacionadas con la seguridad nacional.
De acuerdo con sus propias disposiciones, el Comité de Derechos Humanos de la ONU puede estar al tanto de asuntos que ya hayan sido conocidos por otras instancias internaciones, como en el caso de las boletas electorales lo hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En noviembre pasado, el organismo interamericano se negó a darle entrada a la demanda de Rodríguez Castañeda, quien alegó violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos por la decisión del Estado mexicano de negarle acceso a las boletas de la cuestionada elección presidencial del 2066.
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