ISAÍN MANDUJANO
El exgobernador Pablo Salazar y 54 de sus excolaboradores fueron absueltos del proceso penal que llevó a prisión al exmandatario y seis personas más por el delito de peculado, que involucró unos 104 millones de pesos.
Aunque Salazar Mendiguchía sigue en “reclusión domiciliaria” por una decena de procesos penales que se le iniciaron tras las muertes de bebés en un hospital público de Comitán, a fines de 2002 y principios de 2003, siete de sus excolaboradores que estaban en prisión fueron puestos en libertad y más de 50 de ellos, que estaban en calidad de prófugos, fueron eximidos del proceso penal que les inició la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
El 7 de junio de 2011, el exgobernador fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Cancún por agentes de la Procuraduría de Chiapas y trasladado a Tuxtla Gutiérrez, para luego ser llevado al penal de El Amate, en Cintalapa.
El día de su captura, la PGJE dijo que Salazar Mendiguchía, junto con varios exfuncionarios, desvió recursos por 104 millones de pesos.
La dependencia señaló que, a través de una aseguradora, los inculpados contrataron una póliza denominada Vidadot-2-2, que abarcaba cobertura básica por fallecimiento, cobertura por supervivencia y cobertura por gastos funerarios por el periodo que comprendía del 19 de diciembre de 2005 al 7 de diciembre de 2006, es decir, un día antes que Pablo Salazar culminara su gestión al frente del gobierno del estado.
Los involucrados dieron el poder a Nelda Rosa Camacho Alayola, entonces secretaria de Administración, facultándola ante la compañía aseguradora para realizar los trámites correspondientes y cobrar los recursos públicos, lo que la exfuncionaria realizó, a través de diversos cheques, el 27 de febrero de 2007, es decir, tres meses después de concluir su gestión y cuando ninguno tenía ya la calidad de servidores públicos.
Según la PGJE, el expediente penal, integrado en 21 tomos contenidos en 9 mil 117 fojas útiles, comprende diversas diligencias, entre las que destacan peritajes en materia contable y de grafoscopía, así como testimoniales en los que se corroboró que Pablo Salazar sostuvo que ese dinero era “un bono sexenal” por fin de su administración.
En este proceso, Salazar Mendiguchía y 54 de sus excolaboradores fueron implicados en el delito de peculado, a lo que se les sumó los delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de funciones públicas, abuso de autoridad y asociación delictuosa.
Entre los primeros capturados estuvieron Gabriel Flores Cancino y Daniel Tadeo Romero, quienes actualmente se desempeñan como jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Secretaría del Trabajo y director de Contabilidad y Evaluación de la Secretaría de Hacienda estatal, respectivamente.
También estuvo preso y luego quedó libre Manuel Miranda Rodas, exdirector de los Servicios Educativos para Chiapas y exsubsecretario de Educación Federalizada durante la administración de Pablo Salazar.
La misma situación encararon Leonardo Muñoz Arellano, exsubsecretario de Protección Civil; el exdirector del Instituto del Deporte, William Alfonso Maldonado Máuregui, y el extitular de la Secretaría de Educación estatal.
Sin embargo, luego de varios meses de litigios en el Poder Judicial de la Federación (PJF), por el fin el juez primero de distrito de Chiapas, del Vigésimo Circuito, otorgó el 18 de octubre anterior el recurso de amparo a Salazar Mendiguchía y 54 de sus excolaboradores.
El 19 de octubre, el PJF notificó la sentencia juez tercero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, residente en Cintalapa de Figueroa.
De acuerdo con la resolución, se ordena al juez tercero dejar “insubsistente la orden de aprehensión del 07/06/2011 y emita una nueva”; no obstante, ni el juez ni la PGJE reactivaron el proceso penal.
En este caso, el número de expediente único nacional asignado para la sentencia fue el 10578092. Este recurso fue promovido por David Santiago Tovilla, exjefe de Comunicación Social; Sara Yarith García Cortés, exsecretaria de despacho en Gubernatura, y Patricia Araceli Flores, exsecretaria particular de Pablo Salazar, así como otra decena de los excolaboradores del exmandatario.
Ni la Procuraduría local ni la defensa de Salazar habían dado a conocer la información de forma oficial. Sin embargo, en la página del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se señala la resolución del recurso interpuesto bajo el número 748/2011.
Este fue el proceso penal que llevó a prisión a Pablo Salazar, luego le iniciarían una decena de procesos penales más, entre ellos varios por la muerte de una veintena de bebés en el hospital público de Comitán.
Como se recordará, 20 días antes de esta resolución del juez federal, la PGJE y el hijo del exgobernador, Pablo Salazar López, dieron a conocer que un juez del ramo penal concedió al exmandatario “un incidente no especificado de reclusión domiciliaria, con el fin de ser atendido de un añejo padecimiento de hernia hiatal, cuyos síntomas presentaron un aumento y progresión en los últimos meses, y para el cual no podía recibir la atención médica adecuada dentro del penal”.
Según los reportes, tanto de la PGJE como del hijo de Pablo Salazar, los jueces concedieron la “reclusión domiciliaria” solicitada el 28 de septiembre anterior.
Actualmente, Salazar Mendiguchía se encuentra con una fuerte vigilancia policial en la casa marcada con el número 6 en el Andador del Quijote, de la colonia 16 de Septiembre en el municipio de San Fernando, a unos 5 kilómetros de la capital del estado.
Ahí, elementos de la PGJE y de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC) despliegan vigilancia sobre el domicilio.
Incluso, guardias uniformados resguardan los alrededores de la residencia propiedad de su hermano, ubicada en una exclusiva zona habitacional.
En una de sus últimas intervenciones, el exmandatario retó a su sucesor Juan Sabines Guerrero a encararse “en el territorio del no poder”, pues Pablo Salazar sostiene que detrás de las averiguaciones previas iniciadas en su contra se encuentra “una venganza política”.
Sabines Guerrero dejará en un mes el gobierno de Chiapas y entregará la estafeta a Manuel Velasco Coello, del PRI-PVEM.
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