La revista Proceso le pidió al Instituto Federal Electoral (IFE) atender la petición de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que suspenda de manera provisional la destrucción de las boletas de los comicios presidenciales del 2006.
A una semana de la petición que les hizo el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, los consejeros electorales mantienen vigente el acuerdo que adoptaron el mes pasado para que a partir del próximo lunes se inicie la destrucción de la papelería de los procesos electorales federales de 2006 y 2012.
El Consejo General (CG) del IFE ni siquiera ha sesionado para revisar la petición que le hizo el organismo de la ONU desde su sede en Ginebra, Suiza. Sólo algunos consejeros han expresado opiniones a título individual respecto al carácter vinculante o no de la solicitud y el costo de mantener su custodia.
La mayoría de los consejeros no se ha pronunciado. Cuatro de ellos, empezando por su presidente, Leonardo Valdés Zurita, viajaron como “observadores” a las elecciones en Estados Unidos.
En una carta dirigida al CG del IFE, el director de la revista, Rafael Rodríguez Castañeda, aseguró el miércoles que el cumplimiento de las medidas provisionales es obligatorio para todas las autoridades del Estado mexicano, incluido el Instituto Federal Electoral.
Además de las recientes reformas constitucionales a favor de los derechos humanos, “México se ha comprometido a adoptar las medidas que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos” en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo facultativo, dice el escrito.
Al amparo de esos instrumentos internacionales, Proceso recurrió al Comité de Derechos Humanos de la ONU para demandar al Estado mexicano por la decisión del IFE de destruir cualquier registro electoral sobre la elección de Felipe Calderón como presidente.
El Comité respondió a través del Alto Comisionado de la ONU y le pidió a México que como medida provisional evite esa destrucción mientras analiza la demanda de Rodríguez Castañeda, quien se queja de la violación de derechos protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por México.
Según la demanda, el acuerdo del CG del IFE para destruir las evidencias del proceso electoral del 2006 anula su derecho a la libertad de información y soslaya la falta de mecanismos adecuados en México para una defensa adecuada en materia electoral por parte de los ciudadanos
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