RAÚL OCHOA Y BEATRIZ PEREYRA
Aunque el Poder Legislativo ha destinado sumas millonarias en recursos etiquetados para la infraestructura deportiva en estados y municipios, la falta de seguimiento y supervisión por parte de la Conade ha ocasionado que muchas de estas obras no se hayan concluido e incluso algunas ni siquiera se realizaron, en una operación de saqueo hasta ahora impune. Aunque la ley lo prohíbe, estados y municipios que no comprueban los recursos asignados siguen recibiendo partidas millonarias para la ejecución de proyectos dudosos.
Los millonarios presupuestos que el gobierno federal asignó a la infraestructura deportiva han sido dilapidados durante la administración del director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Bernardo de la Garza, en obras de las que ni siquiera se tiene la certeza de que hayan sido ejecutadas y a la fecha no han sido comprobados mil 96 millones de pesos correspondientes a recursos etiquetados para los ejercicios fiscales 2010 y 2011.
De la Garza ha transferido –sin respetar las Reglas de Operación del Programa Deporte– el presupuesto que los diputados etiquetaron para infraestructura deportiva en los municipios. No ha dado seguimiento puntual ni tiene control sobre la forma en que estos recursos se han gastado, en clara violación a las obligaciones establecidas por el gobierno federal. Es decir, no hay certidumbre sobre el destino de millones de pesos.
Para el ejercicio 2011 los diputados federales etiquetaron mil 452 millones de pesos que serían utilizados para la construcción de infraestructura deportiva en 332 municipios. Sin embargo, de acuerdo con información proporcionada porla Conadea través de una solicitud de acceso a la información, en ese año se ejercieron mil 43 millones de pesos en 295 municipios de 31 estados.
Y a la fecha, sólo 25.5 millones de pesos de esos recursos ejercidos han sido comprobados por seis municipios, lo cual equivale a un raquítico 1.7%. Dos años después de que los recursos fueron transferidos, 289 municipios aún adeudan a la federación mil 18 millones de pesos.
Los mayores deudores son: el Estado de México con 187 millones; Yucatán, 112; Michoacán, 59.7; Chiapas con 57.1; San Luis Potosí, 49.9; Jalisco, 48.5; Tabasco, 45.1; Guerrero, 42.4; Distrito Federal, 35; Coahuila, 29.8; Sinaloa, 29.5; Puebla, 29.2; Durango, 28; Quintana Roo, 27; Guanajuato, 25.4; Zacatecas, 24 y Veracruz, 20.
Además todas las obras programadas para esos 295 municipios se encuentran en “proceso de verificación física y documental”, lo que significa quela Conadeno tiene la certeza de si el dinero que transfirió fue erogado correctamente. Tampoco sabe si las obras se iniciaron en tiempo y forma, si hubo retrasos, qué los motivó y si éstos elevaron los costos.
Lo mismo sucede con el ejercicio fiscal 2010 cuandola Cámarade Diputados etiquetó 905 millones para infraestructura deportiva en 212 municipios. En la misma solicitud de acceso a la informaciónla Conadedio a conocer que a la fecha 47 de los 209 municipios no han comprobado los recursos federales que les fueron asignados por un total de 78 millones de pesos.
Los documentos obtenidos enla Conaderevelan qué obras de 2010 aún no se concluyen: Mulegé, Baja California Sur (rehabilitación de parque recreativo); Candelaria, Campeche (reconstrucción de campo deportivo); El Oro, Durango (ampliación de unidad deportiva); Zapopan y Guadalajara (acabados en alberca y ampliación de las unidades deportivas 41 y 69); Chimalhuacán (construcción de sanitarios y gradas en el frontón municipal) y Naucalpan (construcción de centro deportivo comunitario).
En el caso de la construcción de un salón de gimnasia rítmica en la delegación Cuajimalpa, los documentos entregados por Conade indican que los 2.4 millones de pesos asignados por el gobierno federal para ese fin no fueron invertidos en infraestructura deportiva y tampoco especifican en qué se ejercieron esos recursos etiquetados.
En otros 43 casosla Conadeno informó si las obras están o no concluidas, pues el dato no ha sido sistematizado y por lo tanto no puede dar cuenta del estado que guardan las mismas.
Violación a las reglas
A pesar de que las Reglas de Operación del Programa Deporte prohíben que los municipios deudores reciban más recursos,la Conadeviolentó esta reglamentación al otorgar dinero a Zapopan, Jalisco y Zinacantepec, Estado de México.
El primero aún debe 2 millones 888 mil pesos de 2010 (de la segunda etapa de rehabilitación de terminados y acabados en los vestidores de la alberca y andadores), pero en 2011 recibió 5 millones de pesos para la construcción de un gimnasio, vestidores y equipamiento del Centro Acuático.
El segundo también adeuda, desde 2010, 2 millones 888 mil pesos supuestamente utilizados para la construcción de canchas deportivas (en Mextepec y Santa Cruz Cuauhtenco). Para el siguiente añola Conadele entregó otros 5 millones de pesos, que hasta ahora no ha comprobado, para la presunta construcción de la segunda etapa de la pista BMX y de un campo de futbol en la Ciudad Deportiva Juan Fernández Albarrán.
Peor todavía: en 2012,la Conadeentregó 342.2 millones de pesos a 40 municipios que son deudores desde 2011 y que en conjunto no han comprobado 207.9 millones de pesos. De nueva cuenta se observa una violación flagrante a las Reglas de Operación del Programa Deporte.
Este semanario presentó un recurso de revisión ante el Instituto Federal de Acceso ala Información (IFAI) porque en los documentos quela Conade entregó, los datos solicitados (dirección de la obra, fecha de terminación, actas de entrega-recepción, costo final de la misma, retrasos, justificación de los retrasos, etcétera) están incompletos bajo el concepto “sin sistematizar”.
La Comisión ofreció poner a disposición de los reporteros las carpetas que contienen los expedientes técnicos de cada una de las obras para revisarlas in situ, lo cual no se efectuó hasta que el IFAI determinó que aquel organismo buscara esa información.
En su defensala Conadealegó que en la Subdirección de Infraestructura –área que depende de la Subdirección General del Deporte– sólo cuentan con una plantilla técnica de 13 arquitectos para atender las obras en las 32 entidades federativas y sus respectivos municipios.
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