Si en los dos sexenios del partido que dice defender la libertad de expresión se usa el presupuesto para ajustar cuentas con los medios incómodos y se asesina impunemente a 72 periodistas, como parte de la carnicería propiciada por un acomplejado, no es raro que un gobernador, ostentándose como “ciudadano” y provisto de dinero público, emprenda una cruzada para defender su honor y el de sus funcionarios.
ÁLVARO DELGADO
El cruzado es Rafael Moreno Valle, un priista converso al panismo que se ha nutrido de las enseñanzas de tres déspotas: Su abuelo del mismo nombre, un incondicional de Gustavo Díaz Ordaz; de Melquiades Morales, un político duro pero de finas formas, y Elba Esther Gordillo, la cacique del magisterio.
De ellos abrevó también, por lo visto, la astucia: Al filtrar la lista de 19 periodistas propensos a ser demandados por “exceso de libertad de expresión” –y cuya “primera tanda” fue de dos–, no sólo envió un mensaje de intimidación al gremio, sino que ocultó una maniobra gravísima: El asalto al Instituto Electoral del Estado (IEE).
El martes 23, el mismo día en que el vocero Sergio Ramírez Robles presentó las dos primeras demandas por “daño moral” contra Fabián Gómez, de Contraparte Informativa, y Adrián Ruiz, de El Heraldo, el Congreso local aprobó a los nueve consejeros del IEE, cinco de los cuales –incluido el presidente– han sido subordinados, operadores o aliados de Moreno Valle, dos son afines al PAN y otros dos al PRI.
Esta conformación del órgano electoral afín al gobernador fue aprobada por los diputados de todos los partidos –que también controla, incluyendo el PRI– sólo con el criterio de cuotas y con total opacidad, característica ésta que prevalece también en la integración de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (CAIP).
El control del IEE es clave para el proceso electoral del próximo año, cuando se renovará el Congreso que Moreno Valle quiere controlar para que sean aprobadas sus cuentas públicas y seguir edificando su candidatura presidencial para 2018.
Valiéndose de los abundantes recursos económicos que maneja, Moreno Valle ha sometido a todos los actores políticos, sociales, económicos y mediáticos de Puebla, y a los que han resistido están siendo sometidos a todo tipo de intimidaciones y represalias, como ahora los periodistas.
No parece que prosperará esta ofensiva del gobernador expriista contra los periodistas, no sólo porque numerosos expertos han advertido el endeble andamiaje jurídico en que se fundan las demandas, sino porque su reputación represora –que ya trascendió Puebla y México– atenta contra sus propias ambiciones.
No sólo eso, sino que va quedando claro que el control que ejerce en todas las instituciones del estado, incluyendo los organismos que deben ser autónomos, los partidos políticos, los organismos empresariales y hasta el aparato de espionaje –que lo hace hasta con su esposa–, lo evidencian como un sátrapa peor que Mario Marín, que ya es bastante.
Otro ejemplar de esta fauna en el poder es el gobernador de Veracruz, el priista Javier Duarte, un confeso admirador del dictador Francisco Franco que, como este fascista, detesta la crítica y como uno de sus generales franquistas, José Millán-Astray, parece gritar: “¡Viva la muerte!”
Han pasado seis meses del asesinato de Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz, y el gobierno de Duarte ha incumplido su palabra: NO hay ningún resultado, ni del responsable o responsables materiales ni de los autores intelectuales y sus causas, como informó el reportero Jorge Carrasco en el semanario de esta semana.
“Ni una línea de investigación sólida. Sólo rumores, improvisaciones y acoso hacia los periodistas cercanos a la reportera asesinada la noche del 28 de abril en su domicilio, en la privada de Rodríguez Clara, en el barrio del Dique, cerca del centro de Xalapa”.
Pese a que el mismo Duarte pidió a la fiscalía de la PGR ser coadyuvante en el caso, no ha querido siquiera compartir información, ni siquiera con Proceso, también coadyuvante en las investigaciones.
De hecho, la información sobre el asesinato de Regina Martínez y los otros ocho periodistas asesinados durante el gobierno de Duarte se clasificó como “reservada”, según una petición de información hecha por el colaborador de Proceso Noé Zavaleta a la Procuraduría de Justicia del estado.
Lo único que el gobierno de Duarte ha hecho es acosar a periodistas amigos o cercanos a Regina, 14 de los cuales han tenido que declarar, pero no se ha investigado sobre el trabajo periodístico de nuestra compañera, una de las víctimas mortales en ese estado sin ley.
Entre 15 y 20 periodistas han abandonado el estado por el clima de temor, acoso e intimidación hacia la prensa para no sumarse a la lista de 9 asesinados desde que, en 2010, Duarte asumió el cargo de gobernador.
En la Puebla de Moreno Valle no hay aún asesinatos como en el Veracruz de Duarte. Ojalá no los haya nunca…
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